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La gestión y el tráfico ilegal de residuos, una de las mayores actividades criminales

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El cuarto crimen más rentable del mundo son los delitos ambientales, cuyo valor se estima, según datos de un informe de la ONU, entre 91.000 millones y 259.000 millones de dólares; situándose justo por detrás de las drogas, las falsificaciones y la trata de personas. Se espera que los delitos ambientales crezcan en los próximos años.

 

Según el estudio de la ONU “El estado del conocimiento de los delitos que tienen graves impactos en el medio ambiente” las áreas de delincuencia ambiental más frecuentes a nivel mundial son cinco; además, las implicaciones para los criminales son insuficientes, es un negocio muy lucrativo que implican un riesgo bajo, pues en algunos países no es una prioridad la persecución de estos delitos ambientales.

 

La contaminación de los ecosistemas locales se ha visto incrementada por la aparición de vertederos ilegales y el comercio de residuos. En especial preocupan los residuos electrónicos, pues algunos de sus componentes son altamente contaminantes. Hay que tener presente que el tráfico y la gestión ilegal de residuos supone una pérdida de recursos valorados en unos 11.000 millones de dólares anuales. El trafico se origina en los países desarrollados y terminan en países de África y Asia.

 

 

Otros de los delitos son los relacionados contra la vida silvestre que están afectadas por las malas prácticas. La tala ilegal es otro de los grandes problemas a los que se enfrentan estos países. La minería ilegal sería la última que afecta exclusivamente a los países menos desarrollados, además, esta actividad cada vez está más expuesta a la opinión pública y sus efectos son visibles al causar la destrucción del entorno.

 

La pesca ilegal es otro d ellos principales delitos ambientales, pero en este caso es un delito que no entiende de riquezas de los países, ocurre en todos los países; tanto en aguas nacionales como internacionales.

 

El estudio de la ONU concluye que estas situaciones se apoyan en la poca cooperación internacional, la falta de intercambio de información entre autoridades y el escaso compromiso de los entes privados como públicos. Por ello para frenar estas actividades debe logarse una mayor concienciación y fortalecer los elementos jurídicos para luchar contra estas practicas que dañan al planeta y a todos los que habitamos en él.

 

 

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