Las diversas administraciones han ido concienciándonos de la importancia de deshacernos de manera correcta de los residuos electrónicos (RAEE), empresas que nos sustituyen un aparato y se llevan el viejo, o el ciudadano que lo lleva personalmente al punto limpio. Después de esos gestos con los que se cumple la ley y se obtiene un relax emocional al saber que estas poniendo tu granito de arena para para mejorar el medio ambiente. ¿Pero qué ocurre con esos aparatos una vez ya o están en nuestras manos?
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Para descubrirlo y conocer exactamente su destino final, la ONG Basel Action Network con el soporte de otras organizaciones como la Fundación Equo en España, instalaron dispositivos de seguimiento en 314 dispositivos, desde impresoras, ordenadores y monitores en 10 países de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia y Reino Unido). Y los resultados de su estudio han sido impactantes, lo han titulado “Agujeros en la economía circular: fugas de los residuos electrónicos en Europa” (aquí puedes leer la versión íntegra en inglés – y aquí la versión reducida en castellano).
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Los datos obtenidos muestran que el 6% de las RAEE fueron exportados de manera ilegal a terceros países como Ucrania, Nigeria, Pakistán o Tailandia. De los diez países implicados en el estudio sólo Hungría se salva, no participó en exportaciones ilícitas, mientras que Reino Unido fue el que cometió un mayor número de ilegalidades. El informe concluye que si se extrapolaran los datos habría más de 352.000 toneladas al año de residuos gestionados de manera ilegal.
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En España se instalaron 45 rastreadores (Valencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Madrid), tres de ellos dejados e la calle y los otros depositados en puntos verdes y otras zonas de recogida oficial. Los depositados en el circuito oficial 6 no se han movido en más de un año y medio, 2 fueros desmontados al aire libre sin las condiciones necesarias y 1 acabó en Nigeria. Los abandonados en la calle 2 de ellos fueron desmantelados en menos de 24 horas.
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Los políticos y agente implicados deben hacer más para lograr acabar con esta clase de fugas, porque cuando un ciudadano deposita un residuo electrónico quiere y desea que sea tratado como manda la ley, de lo contrario las cunetas estarían llenas de aparatos electrónicos.
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